El Gobierno estudia un "pago simbólico" en autovías gratuitas.

El coste de este nuevo peaje, aún por debatir, supondría sólo el 10% del pago en autopistas concesionarias. Parte de la recaudación se destinaría al mantenimiento de la red y reducir el peaje de autopistas de pago. 

Este  mes de Agosto, las declaraciones del Ministerio de Fomento confirmaban la noticia publicada en el País. Un asunto pendiente de estudio y consenso, y que  afectaría a una red viaria española que actualmente tiene un coste de 1.100 millones de euros para su conservación. 

El modelo, según el gobierno, debe ser el resultado de un consenso en el Congreso y comunidades autónomas. Y además, ser apoyado con la liberación de peaje de autopistas cuya concesión finaliza.  

A finales de 2018 venció el contrato de concesión de la AP-1 Burgos-Armiñón a Itinere. A diferencia de gobiernos anteriores en los que se prorrogaron dichas concesiones, esta es la línea que desea seguir el actual ejecutivo. 

El 1 de enero de 2020 vence el cobro de peaje en dos autopistas: el tramo de la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 entre Sevilla-Cádiz, ya que finaliza en esa fecha el contrato de explotación con Abertis devolviendo la titularidad al Estado.

Un futuro similar se presenta para la AP-7 Bacelona-La Junquera-Tarragona y el tramo de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Habría que añadir a estos trayectos 8 autopistas radiales de Madrid rescatadas por el Estado que suman 500 km.

Sin embargo, ninguna decisión está tomada, si no que se prevé poner en marcha un pacto de estado por la movilidad, con un consenso político entre autonomías y diputaciones forales con vías de alta capacidad.

Fuentes ministeriales defienden que se trata de una opción que desde un punto de vista general, no implica pagar más que ahora por el uso de vías de gran capacidad. Además “El pago sería más uniforme en todo el territorio y no pasará como ahora, que unos territorios soportan mucho peaje y otros prácticamente nada”, aseguran desde el Ministerio. 

Este modelo, según el Gobierno, tiene a su favor que ya se da en otros países europeos, mejora la gestión interna de costes, desahoga presión fiscal, avanza en las comunicaciones territoriales y favorece la transición ecológica.

Para los sindicatos como UGT, la supresión de los peajes tiene implicaciones en el el mantenimiento del empleo. Unos 1.500 puestos de trabajo podrían perderse con el vencimiento de concesiones hasta el 2021. Existen muchas dificultades para subrogar empleos, en especial los que tienen que ver con el proceso de pago.

Para Antonio Lucas, director de RACE (Real Automóvil Club de España), esta medida derivaría el tráfico a carreteras más inseguras. Lucas afirmaba en una entrevista a la Ser que el modelo que se está planteando “penaliza el uso de vías más seguras”, y puede hacer que “para evitar este pago por uso, se vayan a carreteras secundarias, donde se produce el 78% de los accidentes mortales”.

Asegura el responsable de seguridad de RACE que los automovilistas españoles ya “pagan los suficiente para que las carreteras estén en perfecto estado”. Remite a datos de Anfac sobre la contribución anual de los conductores que es de 28.000 millones de euros y que “cubren con creces las inversiones que plantea el Gobierno para el mantenimiento de las carreteras”.

En lugar de globalizar el pago por uso de vías de alta capacidad, Lucas anima al gobierno a apostar por medidas de renovación del parque automovilístico en favor de vehículos “más seguros, menos contaminantes y más eficientes”.